Miembros del ejecutivo de Evo Morales alertan sobre la preparación de actividades paramilitares en su territorio. La Cámara de Hidrocarburos, a la que pertenece Repsol, financia organizaciones xenófobas que amenazan con la secesión.
Apenas cumplidos los ocho meses desde su llegada al poder, el Gobierno de Evo Morales se enfrenta a una dura campaña de acoso y derribo por parte de la oposición derechista en Bolivia. Jornadas de paro, movilizaciones cada vez más violentas e incluso ataques con bombas se han convertido en la estrategia para detener el proceso de nacionalización de los recursos naturales y la refundación de un país que desde hace siglos arrastra enormes desigualdades sociales.
Las protestas de la extrema derecha amenazan con poner en crisis la integridad territorial de Bolivia y agitan el fantasma de la guerra civil. La oligarquía de Santa Cruz, la zona donde se concentran la mayor parte de recursos naturales, no ve con buenos ojos el proceso de nacionalización y exige plena autonomía para la gestión del gas y los hidrocarburos. La élite cruceña, en buena medida descendientes de europeos huidos tras la derrota en la II Guerra Mundial, cuenta incluso con grupos de choque inspirados en el fascismo para intentar imponer sus exigencias. Según alerta el Gobierno boliviano, en algunas zonas del país ya han comenzado a instalarse campamentos militares donde se prepara a grupos parapoliciales.

Pero este movimiento de extrema derecha no se produce de forma aislada. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, su cara más visible, ha recibido fondos por parte de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, donde Petrobras y Repsol-YPF cuentan con un peso decisivo. La secesión de la zona más rica de Bolivia no supondría un mal negocio para las petroleras.